Turismo comunitario: el arte de joder al jodido

Hay decretos que nacen para cambiar la historia.
Y hay decretos que nacen para cambiar la narrativa.

El publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 2026 sobre turismo comunitario pertenece, tristemente, a la segunda categoría. Se declara de “interés público”, se eleva a prioridad nacional y se promete, con tono de redención, que ahora sí las comunidades serán protagonistas del turismo en México.

Suena hermoso. Suena justo. Suena necesario.
Y sin embargo, suena peligrosamente conocido.

Porque México ya ha escuchado ese discurso antes: el de poner a la comunidad al centro… pero sólo en el discurso. El de hablar de participación, mientras las decisiones reales se toman en oficinas con aire acondicionado lejos del territorio. El de invitar a la comunidad a la foto, pero no a la caja.

Y francamente, ya cansa. Ya harta. Ya indigna.

El decreto promete inversión, capacitación, financiamiento, promoción, certificación, digitalización y comercialización. Prácticamente todo el menú del desarrollo turístico… pero con un pequeño detalle que lo convierte en tragicomedia: no habrá recursos adicionales. Todo deberá salir del presupuesto ya existente.

Es decir, el Estado promete transformar realidades históricas… con el mismo dinero con el que apenas alcanza para mantenerlas.

Aplausos. De pie. Pero con la cartera cerrada.

A eso se suma una estructura institucional que parece más diseñada para cumplir con el expediente que para resolver problemas: una coordinación nacional encabezada por Fonatur, con sesiones ordinarias dos veces al año y con fecha de caducidad en 2030. Para comunidades que enfrentan conflictos territoriales, desigualdad estructural y presión inmobiliaria constante, la solución propuesta es reunirse cada seis meses.

Más que política pública, parece terapia grupal con coffee break.

Pero la crítica de fondo no está en el decreto. Está en la historia.

Porque el turismo comunitario, cuando es real, sí funciona. Hay ejemplos sólidos en México, particularmente en regiones como la Sierra Norte de Oaxaca, donde la propiedad colectiva de la tierra, la organización comunitaria y la toma de decisiones local han permitido que los beneficios del turismo se queden, en buena medida, en la comunidad.

El problema es que esos casos funcionan precisamente porque son autónomos. No porque alguien los decretó.

Cuando el modelo se institucionaliza sin transferir poder real, ocurre lo contrario: el turismo comunitario se convierte en una narrativa útil para suavizar dinámicas de extracción. Investigaciones en Oaxaca han documentado cómo el turismo puede convertirse en un campo de disputa por el territorio, donde los beneficios terminan capturados por actores externos o élites locales, mientras la comunidad queda como proveedora de autenticidad.

Es decir: la comunidad aporta el alma; otros venden la experiencia.

El Banco Mundial ha sido claro en algo incómodo: en muchos casos, los beneficios locales del turismo de base comunitaria son limitados, mientras gran parte del valor se fuga hacia operadores, intermediarios y mercados externos. Y no es por falta de voluntad comunitaria, sino por falta de acceso a capital, a mercados, a infraestructura, a tecnología y, sobre todo, a poder de negociación.

Competir en el turismo global no es vender artesanías; es entrar a un juego donde las cartas ya vienen marcadas.

Y luego está el mito más peligroso de todos: que la comunidad es un ente homogéneo, armónico y naturalmente organizado. La realidad es otra. Estudios en la península de Yucatán han mostrado que incluso dentro de los proyectos comunitarios surgen conflictos internos, disputas por beneficios y tensiones sobre quién decide y quién representa.

La comunidad no es un concepto romántico. Es un campo de batalla.

Finalmente, está el tema que nadie quiere decir en voz alta: la cultura como mercancía. El turismo no consume culturas completas; consume versiones editadas de ellas. Compra la danza, pero no el conflicto. Compra la gastronomía, pero no la precariedad. Compra la artesanía, pero no el sistema comunitario que la sostiene.

Y así, poco a poco, la identidad se convierte en producto… y el producto en espectáculo.

Por eso este decreto, más que una solución, parece una sofisticación del problema. Reconoce a la comunidad, sí. La menciona, la celebra, la integra al discurso. Pero no garantiza control territorial, ni acceso real al mercado, ni mecanismos claros para evitar la captura de beneficios.

En otras palabras: reconoce al actor… pero no le entrega el escenario.

El turismo comunitario puede ser una herramienta poderosa de desarrollo, pero sólo cuando la comunidad controla el proceso completo: la tierra, la narrativa, la operación y la distribución del ingreso. Todo lo demás es una versión decorada del mismo modelo de siempre.

Y en ese modelo, la comunidad no es socia.

Es escenografía.

México no necesita más discursos bien intencionados. Necesita estructuras que repartan poder. Porque si el turismo comunitario no cambia quién gana, quién decide y quién se queda, entonces no es turismo comunitario.

Es marketing con huipil.